Residencia Permanente: Jubilados y Pensionados

 

PERMISO DE RESIDENCIA PERMANENTE COMO

JUBILADO Y PENSIONADO

 

Este permiso de residencia va dirigido a quien sea pensionado o jubilado de un gobierno extranjero, organismo internacional o empresa privada extranjera (empresa de administración de pensiones, de fideicomiso, de fondos mutuos, de seguros o de banca) y que cuente con suficientes medios económicos para sufragar todos sus gastos de subsistencia y los de sus dependientes en el país. La renta o pensión mensual no podrá ser por una suma inferior a mil dólares (US$1,000.00), salvo la excepción contenida en el párrafo siguiente, y debe ser concedida en forma vitalicia.

En el caso de que el solicitante pruebe que ha adquirido una propiedad a titulo personal en el territorio nacional por una suma superior a los cien mil dólares (US$100,000.00), la pensión podrá ser un por mínimo de setecientos cincuenta dólares (US$750.00)

En el caso de que se trate de cónyuges jubilados o pensionados, podrán optar por probar la suma establecida de mil dólares (US$1,000.00) con la pensión de ambos, en cuyo caso tendrán que cumplir con los requisitos exigidos por separado.

En el caso de los hijos dependientes, su permiso será temporal hasta que cumplan veinticinco (25) años, siempre y cuando prueben que realizan estudios completos. No obstante, no tendrán derecho a la permanencia ni a la condición de pensionado, a excepción de aquellos hijos dependientes que sufran una discapacidad profunda comprobada.

Como turista pensionado, la ley le otorga franquicia arancelaria total para importar artículos de uso doméstico o personal, por una sola vez, hasta la suma de diez mil dólares (US$10,000.00) y un vehículo automotor para uso personal o familiar cada dos años.

Fundamento legal:

 Decreto Ley No.3 de 22 de febrero de 2008, reglamentado por el Decreto Ejecutivo No. 320 de 8 de agosto de 2008; Decreto Ejecutivo No. 26 de 2 de marzo de 2009; Ley No.9 de 24 de junio de 1987, exceptuando el artículo 7 derogado por el Decreto Ley 3 y el Decreto Ejecutivo No.62 de 4 de agosto de 1987.

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